SURda

Chile

Alvaro Ramis

Los zigzagueos de la Nueva Mayoría han llevado a que el principal elemento disruptivo del proceso político se concentre en los ataques internos, que desde la propia coalición gobernante bloquean y pervierten el curso de sus decisiones. Durante la última semana dos dirigentes oficialistas, muy cercanas a Michelle Bachelet, han lanzado denuncias abiertas de este tipo de prácticas, planteando la existencia de complots y conspiraciones sediciosas que apuntarían a desbancar a la persona misma de la presidenta.
La senadora Isabel Allende, presidenta del PS, declaró a La Tercera el sábado 19: “He señalado que el fuego amigo es el más doloroso. Cuando he leído declaraciones como las de los ex ministros Edmundo Pérez Yoma o Carlos Figueroa, de verdad que creo que el fuego amigo es el que hace más daño. No me agrada que ataquen la figura de la presidenta en términos personales. Uno tiene que ser súper respetuoso de la institucionalidad presidencial”. Y comentando los “rumores de palacio”, señaló: “Claramente hay una intencionalidad corroyendo la imagen de autoridad de una presidenta, y algunos le quieren poner fecha; que renuncie el 11 de marzo. Andan diciendo que si es antes del 11 de marzo, entonces puede decidir el Congreso Pleno. Si es después, hay que llamar a elecciones. Me parece francamente grotesco”. Y concluye: “Hay bastantes componentes de sedición contra la presidenta, pero es una sedición que no va a llegar muy lejos”.
En la misma línea, Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, y amiga personal de Bachelet, calificó de “asquerosas” las deslealtades de sectores oficialistas: “Lo que no tengo ningún problema en decir es que la deslealtad es un tema que ha cruzado este gobierno con mucha más fuerza que al anterior y eso, creo, tiene que ver con las reformas. Sabíamos que iban a ser atacadas, porque es un programa que toca el corazón del programa económico y del país”(1). Lo que se denuncia es de extrema gravedad, ya que implica que está en curso el intento de perpetrar un golpe blanco, que eludiendo todo tipo de violencia, y bajo apariencias legales, retire a la presidenta todas o parte de sus funciones constitucionales. Este rumor no es nuevo.
En abril de este año la ex candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, lo afirmaba abiertamente: “Va a haber un golpe blanco. Se van a tomar el gobierno, y ella va a quedar como jefa de Estado, pero su mando como jefa de gobierno se va a ver muy disminuido. Ahora, cuando hablo de golpe blanco no es que vayan a echar a la presidenta, pero sí le van a intervenir, creo yo, los Ministerios del Interior, la vocería y la Secretaría General de la Presidencia”(2). Matthei repitió esta misma idea a fines de agosto: “No le veo ningún ánimo de rectificar el camino. La única forma de un cambio de rumbo es que Bachelet se vaya o pierda poder y pase a ser irrelevante dentro de su gobierno. Siempre he pensado que en un momento la van a arrinconar de tal forma, que ella continuará siendo la presidenta, pero otros mandarán, como ocurrió en su primer gobierno. Y la intervención de Lagos, Frei e Insulza podría ser una señal de un posible ‘golpe blanco', en que el presidente pasa a ser más jefe de Estado que jefe de gobierno; una especie de reina Isabel. Y ella aunque no esté de acuerdo, tendrá que aceptarlo. Con dos años y medio por delante y parte de su coalición en contra, cualquier persona sensata deberá llegar a acuerdos. Mientras Bachelet siga ejerciendo el poder, las cosas irán de mal en peor”(3).

¿PARANOIA O REALIDAD?
La existencia de distintas fuentes, autónomas y con intereses contradictorios, que avalan la misma teoría de la sedición o golpe blanco otorga a esta hipótesis cierta credibilidad. Si es algo real, es necesario caracterizar esta conjetura con rigor. Lo que se describe hoy como sedición es un proceso distinto a la acción que en el marco de la ley desarrolla una oposición democrática en contra de un gobierno. No se identifica con las protestas legítimas de sectores sociales. No es un intento de cambio de régimen recurriendo a mecanismos de democracia directa, o proponiendo de forma abierta y transparente transformaciones al marco constitucional existente. No es una forma de desobediencia civil, rebelión popular o motín social.
Se habla de sedición para describir un complot palaciego, al interior del sistema político. Tal como denuncian Allende y Ortiz, implica fundamentalmente a actores de la propia coalición gobernante. Esto no es extraño si se advierte que en los últimos años los golpes de Estado en América Latina han cambiado de rostro. Exceptuando el caso de Honduras, donde los militares derrocaron violentamente al presidente Manuel Zelaya utilizando una coartada parlamentaria, lo que se viene intentando es una forma más sofisticada, que bajo apariencias de legalidad socava desde dentro la autoridad presidencial. Ese fue el caso de Paraguay, que terminó con la destitución “exprés” del presidente Fernando Lugo en 2012, a manos de sus socios de coalición del Partido Liberal. Y los intentos de golpe blanco que se vivieron en Bolivia y Ecuador. En el primer caso por medio de una conspiración de autoridades regionales y empresariales, en agosto de 2008, y en el segundo bajo la fachada de una “crisis de seguridad policial”, en septiembre de 2010.
En la actualidad advertimos en Brasil una situación parecida, donde la crisis económica, los errores políticos y escándalos de corrupción están sirviendo de excusa para tejer una compleja trama en contra del gobierno de Dilma Rousseff, que abarca a políticos oficialistas y de oposición, que buscan encapsular el poder presidencial, esperando que renuncie y asuma su vicepresidente, Michel Temer, del PMDB. La clave en este caso es la existencia de un acuerdo entre sectores del PMDB, partido que está en el gobierno, y el PSDB, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que ya demandó la renuncia de la mandataria a cuyo gobierno calificó como ilegítimo. En el caso chileno se buscaría forzar una renuncia que se justificaría en razones médicas, sicológicas o de índole similar. Y el Michel Temer chileno sería el ex presidente Ricardo Lagos, que aceptaría el cargo por “aclamación” parlamentaria, lo que presupone un preacuerdo entre la derecha y una parte de la Nueva Mayoría
¿Por qué un programa de reformas mínimas, concordadas con el empresariado y que refuerza la estabilidad sistémica ha provocado este tipo de conspiraciones golpistas y antidemocráticas? Se trata de algo más que de detener el cumplimiento del programa. Tras esta intentona de golpe blanco hay que observar el contexto económico. La histeria empresarial se ha desatado producto del derrumbe de la Bolsa de China, lo que ha supuesto una brusca caída del precio de los commodities en el mundo. La OCDE ya redujo sus estimaciones del crecimiento mundial al 3,1% en relación al esperado 3,8%. El cobre ha experimentado una caída en 2015 del 33%, el dólar se ha llegado a cotizar en 720 pesos. Por eso lo que se busca es reeditar la agenda procrecimiento concordada en 2002 entre Lagos y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en un contexto de bajo crecimiento y crisis política. Esa agenda supuso para el empresariado enormes beneficios, ya que puso al Estado al servicio directo del sector privado vía concesiones, desregulaciones, nuevos espacios de negocios e incentivos tributarios. Bachelet ha cedido en casi todos los campos pero hasta ahora no ha aceptado reeditar esa agenda. Este es el trofeo al que aspiran los poderes fácticos, y por eso anhelan traer a su autor intelectual y original al centro de la escena. Y parecen dispuestos a romper la institucionalidad constitucional, que ellos mismos han impuesto y defienden de cara a la galería con tal de conseguirlo.

ALVARO RAMIS

(1) El Sábado, El Mercurio , 19 de septiembre de 2015.
(2) Cosas , 1º de abril de 2015.
(3) Caras , 27 de agosto de 2015.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 837, 25 de septiembre, 2015 )

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